Cuando el motor ruge en el Parque Natural

Hay contradicciones que no necesitan adversario político: se explican solas. Defender la protección de los espacios naturales mientras se promueve la celebración de una prueba automovilística en su interior es una de ellas. La polémica abierta en torno a la posible modificación del PRUG del Parque Natural de Sierra Espuña (Murcia) para permitir una competición de motor -solicitada en una moción del grupo socialista en la Asamblea de Murcia- vuelve a poner sobre la mesa una tensión recurrente en la política española: la distancia entre el discurso ambiental y la práctica cuando entran en juego intereses económicos, presión social o cálculos electorales.

Los Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG) no son un mero trámite administrativo. Son la columna vertebral normativa que define qué se puede y qué no se puede hacer en un espacio protegido. Modificarlos para dar cabida a un evento deportivo de alto impacto —ruido, emisiones, tránsito masivo de vehículos y público— no es una decisión neutra. Es una señal política.

La contradicción aparece cuando partidos que enarbolan la bandera de la sostenibilidad, la transición ecológica o la lucha contra el cambio climático justifican excepciones “puntuales” en espacios que existen precisamente para limitar esas presiones. El argumento suele repetirse: impacto controlado, retorno económico, promoción turística, evento excepcional. Sin embargo, el problema no es solo ambiental; es también simbólico y normativo. Si un parque natural puede flexibilizar su régimen para acoger una prueba de motor, ¿Qué impide futuras flexibilizaciones para otros intereses?

No se trata de demonizar el automovilismo ni de ignorar el valor económico de los eventos deportivos. Muchas comunidades autónomas han debatido —y en algunos casos autorizado— pruebas de rally o competiciones similares en entornos de alto valor ecológico, generando controversias técnicas y políticas. El patrón es conocido: informes ambientales que advierten de riesgos, promotores que prometen medidas correctoras y responsables públicos que apelan al equilibrio entre desarrollo y conservación. El problema es que el “equilibrio” rara vez es simétrico cuando se parte de un espacio que ya ha sido declarado vulnerable y digno de protección reforzada.

La cuestión de fondo es coherencia. Dado que el derecho a un medio ambiente sano es un principio reconocido en nuestra constitución, las decisiones de las formaciones políticas deben alinearse con ese diagnóstico. No basta con aprobar declaraciones institucionales o estrategias verdes; la prueba de consistencia está en los casos concretos, especialmente en los incómodos.

Modificar un PRUG para adaptar el espacio protegido a una actividad intensiva en emisiones y ruido transmite la idea de que la protección es negociable. Y cuando la protección es negociable, pierde fuerza preventiva. Los parques naturales no se crean para competir con otros territorios en la captación de eventos, sino para preservar valores ecológicos, paisajísticos y científicos que no son reemplazables.

Además, existe una dimensión jurídica y de precedentes. Cada modificación abre la puerta a futuras solicitudes. Cada excepción crea expectativa. La gobernanza ambiental se debilita cuando las reglas parecen adaptarse a coyunturas políticas.

La política, inevitablemente, gestiona tensiones entre economía y conservación. Pero la credibilidad se construye sobre la coherencia. Defender en el Parlamento la transición verde y, al mismo tiempo, promover la flexibilización de un plan de protección para introducir motores en un parque natural no es una síntesis sofisticada: es una contradicción visible.

Quizá la pregunta no sea si una prueba automovilística puede celebrarse con impacto “asumible”, sino qué mensaje se quiere enviar sobre el sentido último de los espacios protegidos. Porque cuando el motor ruge en un parque natural, no solo suena la competición: también resuena la coherencia... o la falta de ella.

Arturo Larena, periodista ambiental, premio nacional de medio ambiente y embajador del pacto climático de la UE